El pueblo con barbijo, los oligarcas y sus alcahuetes sin careta

El pueblo argentino no deja de ser atacado. En los cuatro años anteriores por uno de los gobiernos de nuestra historia más reaccionarios política e ideológicamente y en estos pocos meses, por la combinación de una pandemia de final impredecible y de un brote de dengue que ha atacado a más de 10.000 personas en la Argentina y que no termina de retirarse. La epidemia y la pandemia en estos pagos cobran una dimensión espeluznante dadas las condiciones sociales y la deuda que había dejado el macrismo en su paso.

Hoy el Gobierno nacional ha salido a responder apostando a la salud de nuestro pueblo, y sabe que eso no significa solamente que deba aplanarse la curva de contagios sino que debe también combatir el hambre y la falta de una expectativa cierta de mejorar las condiciones de vida de miles de familias (en tiempos de pandemia y en tiempos de “normalidad”).

Las respuestas que ha dado no han dejado lugar a dudas tanto en el accionar de cada una de las dependencias del gobierno como en la coordinación con dirigentes de la oposición, con instituciones, con organizaciones políticas y sociales. Se han establecido etapas y puesto en condiciones lugares a la espera de que nos sea necesario utilizarlos, como decía Cacho Scarpati: “esperando lo mejor, pero preparados para lo peor”.

Alberto Fernández y su gobierno, mal que les pese a algunos, tiene un fuerte apoyo de su pueblo, que lo acompaña en las decisiones que toma. Y este apoyo contrasta con las miserias de los poderosos: las grandes empresas presionan para levantar la cuarentena, los bancos y los grandes medios -en tándem- muestran su juego sin vergüenza.

Los bancos no dando créditos a las PyMes, las grandes empresas despidiendo trabajadores, los medios diciendo que no se respeta la cuarentena (y haciendo lo posible para que no se respete), y criticando a Fernández porque optó por la salud, contra la economía, como si fueran aspectos enfrentados.

Todo esto pretende dejar claro, además, que la propuesta de que los ricos paguen un impuesto extraordinario (porque es por única vez, no por el porcentaje que afecta) es un umbral que los millonarios no están dispuestos a aceptar. Y si no alcanza con el apoyo de los medios (los mismos que se ponen del lado de los acreedores en la negociación de la deuda), aparece la telaraña judicial, que, como decía Fierro, “la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos”, para empantanar la cuestión y obligar al Gobierno a buscar soluciones desesperadas.

Por el contrario, el pueblo se encuentra con la solidaridad de sus organizaciones políticas y sociales cuyos militantes ofrendan su trabajo cada día, con la entrega de alimentos, las ollas populares, las huertas comunitarias, el fortalecimiento de las compras comunitarias, del comercio directo de asociaciones de cooperativas y pequeños productores, de manos solidarias para hacer mandados, del desarrollo de actividades económicas atendiendo el cuidado propio y por el otro, del uso de las redes sociales para enviar soluciones: cursos, canciones, humor, mensajes de contención; aplaudiendo a los trabajadores y trabajadoras de la salud que entregan lo mejor de sí para salir lo más rápido posible de la pandemia. Porque “solo el pueblo salvará al pueblo” es una verdad incontestable. 

Hoy, mientras los poderosos pretenden que el los trabajadores y trabajadoras arriesguen su vida para asegurarles sus ganancias, al tiempo que no quieren dar nada, el pueblo va comprendiendo con más claridad las palabras de Evita cuando decía que “el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos” y que “en la vida argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir” (Evita).

Creemos que no son tiempos para dejar al pueblo librado a su suerte y por ello acompañamos la decisión de aplicar el impuesto a las grandes fortunas así como proponemos poner en discusión una nueva ley de entidades financieras y la nacionalización del comercio exterior para garantizar nuestra soberanía y nuestro desarrollo nacional con justicia social.